El conflicto por la preservación de la integridad de la Reserva Natural Puerto MdP comenzó hace más de 30 meses, en agosto de 2010. En todo ese tiempo, a las personas que nos preocupamos (y nos ocupamos) de defender a la Reserva nos han tildado de “ambientalistas” y, en numerosas oportunidades, este término fue utilizado en forma despectiva para menospreciar a aquellos locos, hippies o idealistas que parecen oponerse al progreso de la ciudad por defender un área abandonada e inútil. Pero, ¿Quiénes son los ambientalistas y por qué ocupan su tiempo en esta lucha? Y, además, ¿Contra quién o quienes tienen que luchar?
La Real Academia Española (RAE) define al ambientalista como una “persona que se preocupa por la calidad y la protección del medio ambiente”. Claramente esta definición no se condice con el uso que se le da a este término en Mar del Plata y otros lugares de la Provincia.
Los ambientalistas de esta ciudad, son, tal cual define la RAE, personas preocupadas por la protección del medio ambiente, que tienen distintas profesiones y trabajos: docentes primarios, secundarios y universitarios, científicos, abogados, arquitectos, ingenieros, periodistas, técnicos, artistas, comerciantes, deportistas, estudiantes, paisajistas, guías de turismo, diseñadores, etc. Este muy heterogéneo grupo de personas que apoya la preservación de la Reserva Puerto MdP, tiene diferentes opiniones políticas e idiosincrasia. Es por eso que en esta lucha hay involucradas distintas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y, por sobre todo, mucha gente en forma particular que no se embandera en ninguna de las OSC involucradas.
Un punto interesante de analizar es contra quién o quiénes luchan los ambientalistas en esta cruzada por proteger la única reserva urbana de la ciudad. En principio, muchos creen que esta respuesta es simple y que hay un solo oponente, el Club Aldosivi, pero esto no es así. Desde el inicio de este conflicto los defensores de la Reserva Puerto MdP se han encontrado luchando contra organismos públicos y entes privados que, en todos los casos, disponen de medios y recursos impensados por los ambientalistas. Empleados y funcionarios municipales o provinciales de absolutamente todos los organismos ante quienes los ambientalistas reclamaron respuestas, cobran un sueldo por su trabajo. Lo cual está muy bien, por supuesto; pero como contraste, los ambientalistas realizan todas sus actividades sin cobrar un centavo e intentando no descuidar sus respectivas obligaciones laborales y personales.
Muchos de los organismos que en los últimos dos meses se han manifestado a favor de la Reserva, como el Municipio de General Pueyrredon 1 y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) 2, que lo hizo en nombre del gobernador Daniel Scioli, omitieron actuar meses antes a pesar de las innumerables denuncias que recibieron y, a pesar de que la ley provincial 11723 es muy clara sobre lo que hay que hacer si una obra empieza sin la correspondiente habilitación ambiental 3.
Durante una reciente reunión, un alto funcionario del OPDS utilizó en forma despectiva el término “ambientalista” y aclaró que él no provenía de ese ambiente. ¡Qué lástima! Inocentemente quizás alguno pudiera pensar que lo ideal sería que los funcionarios provinciales que deben encargarse de la protección del medio ambiente además de estar capacitados, deberían estar interesados en el tema. Pero no, a este funcionario le pareció importante aclarar que a él nunca antes le interesó la conservación de la naturaleza. ¿Le interesará ahora?
Otro de los organismos involucrados en este conflicto es el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, a quienes los ambientalistas tuvieron que iniciarle acciones legales 4 para poder acceder a la información ambiental relacionada con el Club Aldosivi y la Reserva, aunque en nuestro país este tipo de información es de libre acceso por la ley nacional 25831. Hasta hoy toda la documentación del Consorcio rechaza el único instrumento legal que protege al área al declararla como Reserva, la ordenanza 7927/90 5 indicando que el sitio siempre estuvo destinado a la ampliación de la zona industrial del Puerto.
Una parte del predio que hoy tiene Aldosivi le fue cedido por 30 años por medio de la ley provincial 14193 (7 ha), pero como el Club solicitó una ampliación al territorio otorgado por la Provincia, el Consorcio le entregó por 10 años algo más de 5 ha que eran parte de la Reserva. Ante la repercusión pública del conflicto, el Consorcio confirmó que el Club se mantiene dentro de esas 5 ha, pero la información parcializada difundida por ellos hizo pensar que las obras están autorizadas e incluso, que no han afectado a la Reserva 6.
Curiosamente entre los requisitos que el Consorcio le hace firmar a quienes reciben la tenencia de un terreno, se encuentra la habilitación ambiental. Como el Club aún no la posee, el Consorcio podría retirarle la tenencia de esas 5 ha. Pero es claro que este organismo no ha tenido en cuenta esta opción.
El reclamo de los ambientalistas no ha cambiado desde que se inició el conflicto: piden que las autoridades obliguen al Club Aldosivi a pasar por el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que indica la ley provincial 11723 para todos los establecimientos deportivos. Hasta el momento el Club ha omitido presentar el Estudio de Impacto Ambiental, primer paso de la EIA 7 y que, según la ley, deberían entregar ANTES de iniciar las obras que comenzaron hace más de 30 meses.
El OPDS solicitó al Club que regularice su situación y presente el Estudio de Impacto Ambiental en octubre de 2011 por medio de la disposición 2214/11 8, esto originó la detención de las obras, y la solicitud de mensura y delimitación clara. El Club no acató la clausura y las obras continuaron, por lo que en diciembre de 2011 muchos ambientalistas decidieron parar las topadoras con sus cuerpos 9. A pesar de la gran repercusión de estos hechos y de las numerosas denuncias presentadas, el OPDS no constató la violación de esta clausura, según se pudo verificar recientemente al acceder al expediente de este organismo sobre el tema.
En enero de 2013 nuevamente el OPDS le solicita al Club la presentación del Estudio de Impacto Ambiental 10 adeudado. La fecha límite se cumple mañana 20 de febrero, pero como es feriado suponemos que la fecha se corre hasta el jueves 21 de febrero. Si Aldosivi no entrega este estudio el OPDS anunció que clausurará las obras y le iniciará una causa penal. Por ahora, los ambientalistas, estamos ESPERANDO que el Club cumpla con sus obligaciones en los próximos días, y que los funcionarios del OPDS efectúen su función de hacer cumplir la ley provincial de medio ambiente. También estamos ESPERANDO que el juez Jorge Ferro se digne a emitir su voto en la causa sobre la Reserva que se encuentra en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata desde junio de 2011, hace 19 meses. Y, finalmente, estamos ESPERANDO que la legislatura de la Provincia de Buenos Aires vote el proyecto de ley de la Senadora Cristina Di Rado, que podría salvar a la Reserva al declararla Reserva Natural Provincial de Objetivo Definido Educativo 11.
Como pueden inferir, la lucha de los ambientalistas por la protección de la Reserva Natural Puerto Mar del Plata está lejos de haber terminado y a pesar de lo frustrante y agotador que pueda resultar el proceso, estamos dispuestos a continuar.
María José Solis
3 - Ley 11723 de la Provincia de Buenos Aires, artículo 23:“Si un proyecto […] comenzara a ejecutarse sin haber obtenido previamente la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL deberá ser suspendido por la autoridad ambiental provincial o municipal correspondiente. En el supuesto caso que estas omitieran actuar el proyecto podrá ser suspendido por cualquier autoridad judicial con competencia territorial […]”.
Fotos: María José Solis
