No se trata de la taquillera película de James Cameron, sino de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Trabajando en Acciones por la Reserva. Ellos se presentaron frente a la intendencia local el pasado 23, con el fin de reclamar a las autoridades, quienes -según la ley de medio ambiente vigente- son responsables de exigir que el Club Aldosivi entregue el informe de impacto ambiental relativo a las obras que está realizando en el predio de la Reserva Ecológica del puerto.
El enfrentamiento de intereses ya es de vieja data, pero parece tomar cada vez un cariz más violento. En realidad, las autoridades del club avanzan sobre un predio cedido sin demasiadas explicaciones por el Consorcio del puerto, en el cual Aldosivi construiría unas instalaciones de uso deportivo. Se encargaron -hasta el momento- de desmentir que fuese a construirse un estadio, pero para el caso, el dato no hace una gran diferencia.
Lo que argumentan los vecinos es igualmente considerable, ya que –fuera de las consideraciones ecológicas y el resguardo del paisaje- atiende a cuestiones legales: la institución no ha realizado los estudios pertinentes con el fin de determinar un análisis del impacto ambiental que será consecuencia de los cambios operados sobre el medio biológico, que no solamente hace al diseño histórico de la ciudad, sino que tiene importancia en lo funcional.
Para comenzar, el predio de cuarenta y dos hectáreas es hogar de una biodiversidad única en la zona, que concentra unas 170 especies de pájaros diferentes, que no pueden verse juntos en ninguna otra parte de la ciudad. Es de destacar que -en el caso de que el municipio decida autorizar la acción de delante un trozo de planeta de semejante tamaño- por lo menos la decisión debería haber sido consensuada con los legítimos dueños, es decir los ciudadanos, y no con una institución deportiva que sacará ventaja del desorden administrativo en el cual vive esta comuna, que no puede hacer cumplir ni siquiera las disposiciones que emite.
La cuestión es que –inclusive más allá de las leyes- la ciudad requiere de un colchón que amortigüe las consecuencias de la actividad industrial del puerto, no sólo desde lo visual con la presencia de vegetación, sino además con el proceso de absorción de olores nauseabundos, resultantes de la industria. Esa es la posición ocupada por la reserva natural, que históricamente separó el barrio de viviendas y el predio turístico de los balnearios, de la zona fabril. Desde el inicio de las obras, con la tala de vegetación, remoción de suelos y el rellenado de la laguna, los olores comenzaron a avanzar sobre el barrio, desvalorizando las propiedades como así también el servicio de los balnearios más cercanos, que en este momento enfrentarán una temporada estival suficientemente complicada.
Además, el paisaje se ha deteriorado considerablemente, con una vista a las topadoras, que reemplaza el verde anterior: pronto será la postal del cemento de una cancha.
ImparablePero la ley prevé los estamentos necesarios para que los controles se realicen. Existe una dependencia oficial encargada de controlar las acciones que modifican el medio ambiente en toda la provincia. Es la OPSD, que tiene incluso una delegación local con controladores en Mar del Plata.
A mediados del año pasado, los directivos del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible visitaron el predio y se sorprendieron por las irregularidades halladas: no solamente no se había evaluado el impacto ambiental, sino que ni siquiera era posible delimitar cuál era el territorio cedido al club y cuál el de la reserva que perduraría a tales fines, considerando las cuarenta y dos hectáreas como punto de partida. Por supuesto, una obra sobre territorio fiscal que no ha cumplido con la pauta legal ni resulta correspondientemente mensurada, debe ser detenida de inmediato. Y así fue que surgió la disposición 2214, que indicaba la correspondiente detención de las obras.
Como se ha visto, el club no acató la disposición del organismo provincial, por lo cual se declaró la clausura de las obras. Pero claro, casualmente el expediente que determinaba la clausura se perdió. Desapareció en una nube de trámites burocráticos y papeles que deben de amontonarse en los pasillos.
Por la insistencia, la clausura se dictó convenientemente una vez más, sin mayores consecuencias: hay una sensación de que los avales con que cuenta el club para hacer su voluntad van más allá de las leyes, y de cualquier estamento provincial.
El último paso fue que el director de la OPSD procedió a levantar la clausura argumentando que no hace falta el informe de impacto ambiental porque no se realizará un estadio, cuando con estas palabras contradice no solamente la disposición 2.214 del mismo organismo sino además las indicaciones de la Ley 11.736 de Medio Ambiente.
Los vecinos intentaron por su lado que la justicia les concediera un espacio para ampararse y solicitar así que Aldosivi estuviera obligado a realizar el dichoso informe, evaluando así el impacto que causaría en la zona el rellenado de las lagunas y la remoción de la tierra, más allá de las construcciones. Teniendo en cuenta únicamente el desagüe pluvial, ya puede preverse el desastre que ocasionarán las inundaciones, ya que todas las canaletas del barrio desaguan allí.
Lo primero que ocurrió fue que el juez Gabriel Bombini, del juzgado de Garantías Nº 5, rechazó el amparo de los vecinos, que sólo solicitaban acceso a la información pública, los datos que el consorcio portuario debería tener previamente a la realización de las obras del Club Aldosivi.
Pero el 26 de abril de 2012, la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a la apelación que presentaran tres vecinos autoconvocados, y revocó así lo establecido por Garantías. En su resolución, la Cámara departamental -sin resolver el fondo de la cuestión- destacó la seriedad y responsabilidad de los vecinos, que antes de iniciar una acción judicial por el daño ambiental que se puede estar perpetrando en el lugar, solicitaron de manera democrática y civilizada la información ambiental del proyecto. Dijo la Cámara al respecto:
"En efecto, el objeto de la acción porta una pretensión de acceso a información pública ambiental, lo que permite vislumbrar -de un lado- un fin inmediato de acceso a documentos administrativos, y -de otro- un fin mediato de potencial preservación del medio ambiente”.
La información que se le solicita no es gran cosa, ni incluye secretos de Estado. Es la relacionada con el proyecto del Club Aldosivi, como podría corresponder a cualquier particular que tuviera un permiso en el sector de jurisdicción del puerto: los correspondientes certificados y licenciamientos de cada una de sus actividades.
Pero como el Consorcio del puerto mencionó en su respuesta por carta documento que la Reserva era un sector donde se tenía planeada la expansión de las industrias, se pide además exponer ese Plan Maestro Portuario, y el trámite del proyecto: su autorización y las audiencias públicas a que se sometió. Sin respuesta.
A las patadasLa respuesta al emprendimiento democrático es salvaje y cargada de códigos mafiosos, como era de esperarse. En lo que va del año, por lo menos dos veces los miembros del grupo de Vecinos Autonconvocados por la Reserva fueron abordados por partidarios del club en plena calle, y amenazados gravemente para que dejen de hablar a favor de la mantener el predio natural de la zona.
Claro que se trata de un hecho de extrema gravedad, por el cual, hasta el momento, la justicia no da dado muestras de preocuparse. Sucedió en abril último, en las cercanías del domicilio de varios de los vecinos que trabajan en AVATAR. Como corresponde, estas amenazas fueron denunciadas a las autoridades policiales, y también ante el fiscal que interviene en el caso.
Pero esa no era la primera vez que hinchas del Club Aldosivi amenazaban o agredían a la gente que se posicionaba a favor de la conservación de esa reserva natural urbana. El pasado viernes 23 de marzo, seis personas fueron amenazadas y agredidas con piedras, escupitajos e insultos, cuando acompañaban a miembros de la producción de un conocido programa de televisión nacional que intentó infructuosamente filmar las máquinas trabajando en el relleno de la laguna de Punta Mogotes, a pesar de la clausura que ya había sido impuesta por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.
Como se recordará, el 9 de diciembre de 2011, un numeroso grupo de vecinos había intentado pacíficamente detener las topadoras que estaban trabajando ilegalmente en la reserva, y fueron golpeados, agredidos y amenazados de muerte por hinchas y barrabravas, algunos de los cuales, según denuncian los vecinos, serían empleados del club. En esa ocasión, uno de los jóvenes golpeados tuvo que ser atendido en un hospital debido a sus heridas.
¿Cuál es la conclusión? El marco legal carece de importancia alguna para quienes ostentan un poder económico o contactos suficientes. Ningún vecino común está habilitado para realizar una construcción clandestina, violando los códigos de la zona, infringiendo una orden de detención y menos de clausura. Nadie que sea un particular. Pero, ¿qué sucede cuando quienes desean hacer únicamente su voluntad y conveniencia son un miembros de un club de fútbol, un centro de poderosos capitales de los que realmente tienen que ver con las oscuras fuerzas de poder que operan en el fútbol argentino, ya marcado por las causas judiciales, la violencia, los crímenes y las personas que se someten a pactos de silencio? Para ellos no hay ley, ni oficina del Estado que valga: nadie pone en juego su nombre para enfrentarse con Aldosivi. Menos, jueces. Menos, funcionarios políticos, para quienes la ley rige solamente para los que aceptan acatarla.
De:
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